1970 fue el año internacional de la educación por decisión de la ONU y la dictadura española, loca por ponerse al día, elaboró su ley general de educación en ese año, el mismo que cerró con un consejo de guerra en Burgos contra activistas de ETA, alguno de ellos detenido en Cantabria. Algunos obispos y el propio Vaticano, además de varios gobiernos extranjeros, aliados, reclamaron un juicio con garantías y, efectivamente, las condenas a muerte acabaron conmutadas.
En ese mismo momento asistimos al final de la guerra en Biafra. A los muertos en combate hubo que sumar un millón de víctimas de una hambruna añadida. En África, que ya había tenido importantes conflictos postcoloniales, la demografía, hasta entonces bastante controlada de manera natural, -enfermedades y guerras- empezaba a despegar. Nigeria, el país del que Biafra pretendía separarse, está hoy a punto de alcanzar los doscientos millones de habitantes y vuelve a haber allí tensiones secesionistas. Pocos meses más tarde alcanzó la independencia el entonces Pakistán oriental. Hoy Bangla Desh supera los 150 millones de habitantes.
El mundo acomodado cada vez representa una menor porción del total de la población del planeta y se muestra también, cada vez más, incapaz de dar salida al enorme conflicto, la vida miserable, que envuelve a la mayoría del género humano. Estos días, en Canarias, se muestran las dos caras de una misma moneda. Tratar de apaciguar al tirano marroquí, dueño de la llave de la mayoría de las pateras, significa dejar que el pueblo saharaui vuelva a sufrir la guerra. A algunos que tratan de influir en nuestra opinión pública les parece que los treinta años sin el referéndum prometido para la autodeterminación del Sahara occidental no son de tanto interés como acusar al gobierno de coalición de todos los males derivados.
Y Pablo Casado con un finde agotador. El sábado en el muelle de Arguineguín, como si su partido no tuviera nada que ver en este tema, haciendo, otra vez, la política del calamar. Y el domingo apoyando los privilegios de la enseñanza concertada, supuestamente puestos en peligro por otra ley educativa sin el consenso necesario. Alguien le ha colado un gol a los populares. Es cierto que muchos colores se han adjudicado ya a diversas causas… Pero que el naranja sea el color de la contrarreforma educativa… Se habrá celebrado mucho en el cuartel general de Arrimadas.
Tras las últimas elecciones generales el PRC intentó convencernos de que solo había un diputado por Cantabria en el Congreso de los Diputados cuando el número de cinco no ha variado desde 1977. El jueves, el diputado regionalista Mazón ha votado lo mismo que la derecha y la extrema derecha: Contra la nueva ley educativa, el 80% de nuestra representación parlamentaria. Algún desajuste tenemos en Cantabria donde la enseñanza concertada representa un porcentaje en torno al 30%. Supongo que sin tardar tendremos explicaciones de la consejería de Educación y/o de la vicepresidencia del gobierno regional.
El sábado por la noche, en TVE2, me emocioné viendo un documental sobre Ernest Lluch. Veinte años desde su asesinato, que me cogió en el hospital, recién operado de una hernia discal y me sumió en una enorme tristeza. No le conocía personalmente pero teníamos un amigo común. Su paso por el rectorado de nuestra Universidad Internacional significó algo realmente notable para la ciudad y para la institución. Solo es una faceta de su vida. Sus estudios sobre la evolución de algunos gremios en el Antiguo Reino de Valencia hicieron que supiera de él antes de dedicarse a la política activa.
Como ministro de Sanidad peleó con la intransigencia del sector más reaccionario de los profesionales. Según confiesa en ese documental un colaborador cercano, a mitad de los años 80 todavía se pagaban, solo en ese sector, unos 30.000 sueldos públicos sin que se supiera a qué se dedicaban los beneficiarios. Tratar de corregir esa anomalía también se percibió como una agresión. Puede ser oportuno recordarlo ahora, en que otra vez se pretende hacer pasar como agresión la racionalización de los fondos públicos destinados a la educación. Treinta y cinco años más tarde y seguimos.
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